La operación dejó en evidencia las tensiones entre ocupantes y autoridades. Las autoridades insistieron en que hubo orden legal para proceder al desalojo. Los vecinos defendieron su situación y denunciaron irregularidades. El estado afirmó su interés en recuperar la propiedad para garantizar el orden público. El caso de La Paternal se presenta en el marco de una acción más amplia de recuperación de bienes por parte del gobierno porteño.
El operativo policial para desalojar un terreno en La Paternal, ocupado por más de un centenar de personas, se llevó a cabo este jueves temprano en la mañana. En el lugar, donde convergen varias propiedades horizontales en la esquina de San Blas y Andrés Lamas, se confirmó que al menos tres individuos fueron detenidos por atentado y resistencia a la autoridad, según informaron fuentes cercanas al Gobierno de la Ciudad. El desenlace de años de conflicto jurídico y social dejó en evidencia la compleja situación de un predio que había pasado de mano de una propietaria a ocuparlo de forma irregular por grupos que aseguran vivir allí desde hace mucho tiempo.
Choque de posiciones y antecedentes de la ocupación
La insólita historia comenzó en 1998, cuando la propietaria dejó en custodia el inmueble a una mujer; luego, al regresar años después, descubrió que eran varias las personas que ya vivían en el lugar. A partir de ese momento se desató una pugna judicial de larga data, en la que los ocupantes acumularon denuncias y antecedentes, y en la que algunos llegaron a figurar con sumarios y, según trascendidos, incluso estar imputados. En otro detalle polémico, una fuente de Seguridad porteña aportó a LA NACION que uno de los involucrados podría ser delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
El liderazgo de la toma recae en Diego Molina, reconocido por una foto en la que aparece con el pulgar en alto junto a la cabecera de un ataúd que contenía los restos de Diego Armando Maradona. Molina ya había enfrentado condenas, entre ellas la de 2021, por los cargos de “profanación de cadáver humano” y por exhibir imágenes íntimas, hechos que añaden leña a la histórica controversia que rodea al predio. A partir de 2009, la Justicia dio sentencia firme para desalojo de la propiedad, mientras los habitantes sostenían que la inspección realizada por la fiscalía era necesaria para prevenir un supuesto “peligro estructural de la propiedad”.
“Las personas adentro están incomunicadas, no nos dejan entrar. Es un procedimiento irregular: no hay notificaciones previas. Vienen por un pedido de inspección. Las familias tienen derecho a decir sí o no”, denunció uno de los presentes, reflejando la tensión que rodea la operación. Otra voz presente cuestionó con dureza las maniobras de los ocupantes, afirmando: “Los estafaron, hay familias que pagaban… Los estafaron porque era alguien que seguro había comprado esta propiedad. Hay una mamá que la compró a quien decía ser el dueño. ¿Les parece justo esto? Esto es todo mentira”.
Entre las vallas instaladas por la Policía de la Ciudad, residentes desalojados narraron que entre los habitantes había personas con discapacidad y niños, y que no se les mostró una orden judicial que respaldara la intervención. Una mujer sostuvo: “Hacemos lo que podemos, dicen que nos van a desalojar pero no nos mostraron una orden… Dijeron que nos van a dar $150.000, vamos a resistir hasta que nos muestren una orden”. En ese marco, los efectivos desplegaron un operativo que buscaba restituir el terreno a la propiedad formal y que se inscribe en la batería de medidas del Gobierno de la Ciudad para “garantizar el respeto de la propiedad privada” y mantener el orden público.
En las últimas semanas, el Gobierno porteño ha desplegado una agenda de recuperación de bienes que incluye casi 600 propiedades recuperadas en distintas zonas, una cifra que refleja la intensidad de la lucha contra las usurpaciones en el marco de una política que busca equilibrar derechos de propietarios y realidades de personas que ocupan predios por diferentes circunstancias. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, expresó que “Cuando se usurpa, en el barrio se instala gente violenta. Los denuncian los propios vecinos: son sinvergüenzas que fomentan la extorsión y el robo” y añadió que “En la Ciudad no hay lugar para la tibieza ni para el verso garantista que protege a los que viven del delito”.
El desalojo de este predio de La Paternal se suma a otros procesos en marcha en la ciudad, que buscan cerrar un capítulo prolongado de disputas entre ocupantes y propietarios. En paralelo, el Ejecutivo recorrió un camino distinto en Chapadmalal, donde el histórico complejo de hoteles, cedido a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), también enfrenta un proceso de desalojo que se ha prolongado por meses, con avisos a sus habitantes para abandonar las instalaciones en un plazo de diez días, de no hacerlo, para evitar el desalojo forzoso. El traspaso de Chapadmalal a la AABE respondió a la necesidad de reorganizar su uso y expeditar su destino final, dada la condición de patrimonio histórico declarada en 2013 y las limitaciones de venta que impone la expropiación.